Mié, 24 de Abr 2024
Los legisladores suizos pretenden reforzar la seguridad nacional y la estabilidad económica mediante una propuesta de Ley de Revisión de Inversiones destinada a examinar las adquisiciones extranjeras.
La introducción de una revisión de las inversiones pretende impedir la adquisición de empresas suizas por inversores extranjeros. La comisión competente del Consejo Nacional desea ampliar el proyecto de ley.
La Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales del Consejo Nacional (WAK-N) ha aplazado hasta finales de junio la votación de conjunto del proyecto de ley para introducir el control de las inversiones, porque aún deben aclararse algunos detalles, según anunciaron el martes los servicios parlamentarios. La aprobación del proyecto de ley fue ampliamente indiscutible, con 19 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
El objetivo del proyecto de ley es impedir las adquisiciones de empresas nacionales por parte de inversores extranjeros si estas adquisiciones ponen en peligro o amenazan el orden público o la seguridad en Suiza.
La Ley de Revisión de Inversiones es el resultado de una moción de Beat Rieder, miembro del Consejo de los Estados por el cantón de Valais. Uno de los motivos fue la adquisición del gigante agroquímico suizo Syngenta por la empresa estatal china Chem por 43.000 millones de dólares.
Al contrario que el Parlamento, el Consejo Federal opina que no es necesaria una revisión de las inversiones. Considera que las normas existentes son suficientes. Además, la relación coste-beneficio de una revisión de las inversiones es desfavorable.
Hasta la fecha, no se ha conocido ninguna adquisición que haya puesto en peligro el orden público o la seguridad en Suiza en el pasado.
La mayoría de la WAK-N ve las cosas de otro modo: quiere "tener a mano un instrumento para intervenir si la protección de intereses estratégicos lo requiere", según el comunicado. La Comisión aboga por un amplio ámbito de aplicación del proyecto de ley.
En concreto, exige que la revisión de las inversiones se aplique también a los inversores no estatales y que, además del orden público y la seguridad, se mencione explícitamente como digno de protección el suministro de bienes y servicios esenciales.
Además, la mayoría quiere aumentar el margen de maniobra del Consejo Federal para someter a más empresas al requisito de autorización en caso necesario.
©Keystone/SDA
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