Jue, Abr 18th 2024
Dos hombres son condenados a prisión condicional por su participación en una falsificación a gran escala de certificados de vacunación Covid.
Dos hombres de 27 y 31 años han sido condenados condicionalmente a dos años por el Tribunal de Distrito del Valle del Rin por falsificación de documentos.
Aunque carecían de autorización, expidieron 210 certificados de vacunación Covid a través de una aplicación federal de Internet. Cada uno de los acusados ganó 10.000 CHF con la venta de los certificados.
El iraquí, de 31 años, había obtenido de un tercero los datos de acceso a la plataforma federal de Internet, según el escrito de acusación. Además de los datos de acceso, el iraquí también obtuvo los datos personales necesarios para crear los certificados Covid.
Los certificados se enviaban mediante códigos de transferencia a través de la plataforma de Internet. Alternativamente, el joven de 31 años los enviaba a los compradores por vía electrónica, prosigue el escrito de acusación.
Según la acusación, el segundo acusado, un austriaco de 27 años, fue el responsable de introducir los datos personales y, por tanto, de crear los certificados. Los dos hombres se repartían a partes iguales el producto de la venta de los certificados con el tercero que había facilitado los datos de acceso. Los dos hombres pedían 150 francos por certificado.
El detenido, de 31 años, permaneció 31 días en prisión preventiva. Además de la pena de prisión condicional, fue condenado a pagar una multa de 2.000 francos suizos. El joven de 27 años permaneció en prisión preventiva 16 días.
Debe pagar una indemnización de 10.000 francos. El juicio se celebró en procedimiento sumario. El veredicto aún no es definitivo.
El juicio formaba parte de varios procedimientos penales iniciados por la judicatura de San Gall. El punto de partida fue un chivatazo al Departamento de Sanidad sobre certificados de vacunación expedidos ilegalmente. Posteriormente se detuvo a varias personas y se registraron viviendas, según anunció la fiscalía de San Gall a principios de 2022.
En total, la fiscalía cantonal tenía conocimiento de más de 9.000 certificados fabricados ilegalmente, según un comunicado emitido entonces.
©Keystone/SDA
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